Carlos Gil. Se consumó. Como no podía ser de otra manera, el Gobierno de España ha cumplido su amenaza de dejar a los ayuntamientos sin ahorros y requisarlos para cubrir su gasto desmesurado en política propagandística, que tan poco aporta a la ciudadanía pero que les permite arengar a quienes les mantienen en el poder.
Una vez más, se constata el castigo hacia las administraciones responsables, a aquellas que, verdaderamente, se pusieron a trabajar en 2011 para sanear las finanzas de unas instituciones muy tocadas por la deuda y por un excesivo gasto estructural que hacía inviable su mantenimiento.
Ahora, nueve años después, el Partido Socialista ha querido demostrar que todo aquello no sirvió para nada, que quienes más trabajamos en ahorrar, hoy vemos mermados esos ahorros, confiscados por un Gobierno incompetente e incapaz que, con la complicidad de los representantes socialistas en la Federación Española de Municipios y Provincias han decidido expoliar lo que, con tanto esfuerzo de nuestros vecinos y una gran contención del gasto público, habíamos conseguido la gran parte, que no todos, de los ayuntamientos españoles.
Grave es este robo a mano armada, disfrazado de voluntariedad coaccionada, pero más lo es la ruptura del consenso en la FEMP, la gran casa del municipalismo español, donde, hasta hoy, se tomaban por unanimidad las decisiones en beneficio de los gobiernos locales y que, ahora, ha visto como el Partido Socialista, siempre al servicio de su Gobierno, ha roto ese consenso, permitiendo que nuestras cajas se abran y se vacíen sin saber muy bien qué destino va a darse al dinero que, con tanto esfuerzo, conseguimos ahorrar.
Con decisiones así, se pierde, al menos para muchos años, la posibilidad de reclamar la Segunda Descentralización, la que debía situar a los ayuntamientos en el centro neurálgico de la Administración Pública, tras muchos años de prevalencia de unas comunidades autónomas que han mostrado su predisposición a hacer aguas, tanto en la eficiencia del servicio que prestan como en su capacidad de controlar deuda y déficit. Los ayuntamientos merecen un reparto competencial más acorde a las funciones que desarrollan y, como no puede ser de otra manera, un modelo de financiación más racional y acorde a sus necesidades. Pero si no son ellos mismos quien lo reclama, nadie lo hará por ellos.
Lejos de esto, el PSOE ha cerrado filas en torno al mayor atraco de la historia de la democracia en España. Hoy los ayuntamientos, todos, debemos estar tristes, porque, pese a la oposición de todos los demás partidos políticos, los socialistas han votado para que nuestro esfuerzo de muchos años no haya servido para nada. Seguro que los verdaderos municipalistas, hasta con palos en las ruedas, seguiremos trabajando para prestar el mejor servicio a nuestros vecinos, pero con gobernantes así, cualquier esfuerzo puede resultar vano.
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