Las viviendas ocupadas ilegalmente en Massamagrell. EPDA El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha anunciado que estudiará la puesta en marcha de medidas, dentro de sus competencias como gobierno autonómico, para “defender los derechos de los propietarios” de las viviendas frente a la ocupación ilegal, conjuntamente con las consellerias de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y de Justicia e Interior.
Estas declaraciones las ha hecho en su visita a Massamagrell, concretamente al barrio de la Magdalena, donde los vecinos conviven con inquilinos ilegales desde hace semanas en una decena de viviendas unifamiliares ocupadas. El problema comenzó con cuatro casas y el efecto llamada ha provocado que la cifra haya aumentado a una decena de adosados, la mayoría propiedad de la Sareb, de una promoción fallida.
La inseguridad se ha apoderado del barrio, además de la suciedad que los inquilinos han dejado en un solar contiguo a la zona, donde han tirado los escombros que habían dentro de las viviendas para poder habitarlas. A esto hay que sumar los enganches ilegales a la luz.
"La situación se está volviendo insostenible, ahora ya aparcan los coches encima de las aceras", señalan los vecinos, que añaden que "tienen siempre a alguien vigilando e increpan verbalmente a los que se acercan". Además, como advierten, "hay menores y perros peligrosos". La situación es tal que muchos residentes han instalado cámaras de seguridad y algunos inquilinos en situación legal han dejado las viviendas que tenían arrendadas.
En una reunión con los afectados, el Ayuntamiento se comprometió a incrementar la vigilancia y ponerse en contacto con los propietarios para agilizar el proceso de desocupación. De hecho, los residentes afirman que han notado una mayor presencia policial, pero el problema persiste y continuará hasta que no desalojen las viviendas.
Reunión de trabajo
En su visita a la zona, Barrera ha explicado que “desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido, que son los propietarios legítimos de las viviendas. Es algo es sorprendente e increíble, que hoy en día”, con la legislación estatal vigente “no se defiende a quien cumple la ley, sino que se defiende al delincuente, con la ley en la mano, y esto se tiene que acabar.”
Asimismo, ha afirmado que “todas las víctimas tienen que saber que tienen, nuestro marco competencial, un Gobierno que entiende sus quejas y que, en la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social”. El vicepresidente segundo ha realizado estas declaraciones durante su visita, acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
A continuación, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la localidad, Pilar Peris, en la que también han participado la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y diferentes representantes municipales, judiciales y policiales para analizar cómo afrontar el problema.
Vicente Barrera ha señalado que el objetivo de esta visita es “denunciar la ocupación ilegal, no solo en la Comunitat Valenciana sino en toda España”. Según ha señalado el vicepresidente, “va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad”.
Por ello, Barrera ha señalado que lo deseable es que “si alguien detecta que una propiedad privada ha sido ocupada, pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes; porque quien ocupa una vivienda” que no es suya “está cometiendo un acto ilegal, está cometiendo un delito”.
36 Oficinas de Delitos
Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha anunciado que la Conselleria de Justicia e Interior “va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal” y ha añadido que “nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora, tengan la protección con la que no contaban”.
Belén Pulgar ha indicado que hay 36 Oficinas de Delitos, una por cada partido judicial y son totalmente gratuitas. Además, también se cuenta con atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para solventar esta situación.
El conseller, Vicente Barrera, visita las viviendas ocupadas ilegalmente del barrio de la Magdalena, en Massamagrell. EPDA
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