Cristóbal Aguado. EPDA La postal bucólica de la nieve que ha dejado la borrasca Filomena esconde unas consecuencias que preocupan, y mucho, a los agricultores y ganaderos valencianos. Aunque aún es pronto para evaluar el impacto económico que tendrá sobre el sector, ya sabemos que de manera localizada habrá daños en hortalizas de temporada, variedades tardías de cítricos, aguacates, viveros y olivos. Los ganaderos de áreas interiores, por su parte, han pasado un verdadero calvario para acceder a sus granjas y seguir cuidando de los animales, con importantes sobrecostes que no pueden repercutir en sus precios de venta.
Así pues, al igual que 2020, empezamos el año con un temporal extraordinario que golpea al campo valenciano. Desde la borrasca Gloria hasta Filomena han transcurrido doce meses en los que han sucedido muchas cosas, algunas tan impredecibles como una pandemia global que lo ha trastocado todo. El pasado iba a ser el año de las grandes movilizaciones del sector agrario, como la que protagonizamos el 14 de febrero en Valencia, para exigir unos precios dignos. El clamor del campo fue tan unísono, tan rotundo, que tanto la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, como el ministro del ramo, Luis Planas, abrieron mesas de negociación con el sector. Sin embargo, la irrupción del Covid-19 interrumpió bruscamente el calendario de protestas y los compromisos políticos que, con el paso de los meses, apenas han comportado avances.
El principal ejemplo fue la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que, a pesar de las buenas palabras del ministro, ha resultado totalmente insuficiente para lograr su objetivo: que no se pague al productor un precio por debajo de los costes de producción. Y ello no está sucediendo por la sencilla razón de que ni el propio ministerio, ni ningún otro organismo público, ha establecido unos costes efectivos de producción que sirvan de referencia a la hora de negociar los contratos. Mientras no se quiera dar ese paso, porque depende de la voluntad política, el agricultor seguirá en una posición de debilidad víctima de prácticas comerciales abusivas.
El ministro también prometió que en la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC) las frutas y hortalizas se beneficiarán, por fin, de las ayudas directas y se acabará, por fin, con la sistemática discriminación a la agricultura mediterránea. Dudo mucho que finalmente eso sea así, porque en España habrá muchos navajazos y la Generalitat Valenciana deberá pelear muy bien para colocar esa pica en Flandes. La agricultura continental está presionando al máximo para que se siga con el criterio de derechos históricos, lo que supone una patrimonialización de unas ayudas que deben tener unos objetivos y no repartirse como cuotas de las comunidades autónomas.
La conselleria de Agricultura ha de estar más unida que nunca para exigir al Gobierno central que se apliquen los criterios de Bruselas y que se dejen de manipulaciones, arbitrariedades y apaños. También ha de aparcar las diferencias que exhiben los partidos que están dentro del Gobierno del Botànic a fin de llevar adelante la hoja de ruta que todo el sector agrario valenciano ya ha consensuado y ha reivindicado ante la consellera. La Ley de Estructuras Agrarias continuará siendo una ley muerta si no se prioriza su aplicación, tan necesaria, por cierto. La Ley de la Huerta continuará siendo un paripé mientras ningún agricultor pueda decir que le ha ayudado a mejorar su situación. El lobby valenciano en Bruselas continuará esperando indefinidamente hasta que el Consell no ponga los medios necesarios. Y mientras tanto, la Comunitat Valenciana sigue siendo el farolillo rojo de Europa en tierras sin cultivar, en envejecimiento de la población agraria y en falta de relevo generacional.
Precisamente de Europa emana una legislación fitosanitaria que está fallando contra las plagas y enfermedades agrarias. El Cotonet de Sudáfrica ha provocado pérdidas millonarias en cítricos y caquis. La Xylella fastidiosa sigue sin erradicarse tres años después y sin que la conselleria fije un plazo máximo para terminar ese proceso de erradicación. Y si el HLB o Greening acabara instalándose en nuestra citricultura, posiblemente pasaríamos a la historia. La continuada supresión de materias activas fitosanitarias amenaza además con acelerarse si la Unión Europea ratifica sus estrategias medioambientales que, de nuevo, no incluyen un estudio previo de impacto sobre el sector y no piden las mismas exigencias a producciones originarias de países terceros.
En lugar de enseñar a Bruselas que la realidad de la agricultura valenciana es muy diferente a la que pueda haber en Países Bajos o Suecia, nuestros políticos todavía ponen más palos en las ruedas. Por ejemplo, el ministro Luis Planas defiende tan fervientemente el tratado comercial con Mercosur que prácticamente se ha quedado solo. Tanto sus compañeros de gobierno como otros Estados miembros como Francia rechazan el acuerdo mientras no se exija a estos países sudamericanos reciprocidad, complementariedad con la producción europea y un compromiso medioambiental. El acuerdo de Vietnam también llama la atención, puesto que mientras los partidos políticos nos acompañaban en la gran manifestación de febrero en Valencia, sus compañeros del Parlamento Europeo votaban a favor de un tratado que pone en peligro la viabilidad futura del cultivo del arroz. Deberían tener una mayor comunicación interna y no caer en tal incoherencia e hipocresía.
Los agricultores y ganaderos necesitamos la implicación de toda la sociedad y los políticos deberían dar ejemplo con leyes y medidas de verdadero apoyo. Necesitamos unas instituciones maduras que abandonen la ambigüedad e informen claramente a los consumidores, incluso a través de ambiciosas campañas de promoción y etiquetado, con la finalidad de que elijan los alimentos no solo en función del precio, sino también de la proximidad, la frescura, las máximas garantías de seguridad y salud, la lucha contra el cambio climático, en suma, que ofrezcan una compensación digna a un sector agrario que contribuye de manera esencial desde el punto de vista económico, social y ambiental.
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