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FINANZAS

Generalitat y empresarios piden que Caixabank-Bankia mantenga la sede en València tras la fusión

Puig ha considerado que "sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana", aunque ha subrayado su "respeto absoluto a las decisiones que tomen estas dos entidades privadas".

EFE - 04/09/2020

Imagen tomada este viernes de la sede social de Caixabank, situada en el edificio histórico del antiguo Banco de Valencia. EFE

El president de la Generalitat, Ximo Puig, la patronal valenciana y el alcalde de València, Joan Ribó, han reclamado este viernes que la entidad resultante de la fusión Caixabank-Bankia mantenga su sede en València.

Puig ha considerado que "sería un hito muy positivo para la Comunitat Valenciana", aunque ha subrayado su "respeto absoluto a las decisiones que tomen estas dos entidades privadas".

La Generalitat entiende que "lo lógico y lo razonable sería que la sede de la entidad resultante estuviera en la ciudad de València", donde tienen su sede actualmente ambos bancos.

También la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera "muy positiva" la posible fusión entre las entidades Bankia y Caixabank y confía en que, de llevarse a cabo, establezca su sede en València.

En este mismo sentido, el alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que confía en que la entidad resultante tenga "ADN social" y que la sede se mantenga en la ciudad.

RESPALDO EN BOLSA

La Bolsa española ha respaldado con fuertes subidas la noticia, conocida anoche, de las negociaciones para una posible fusión entre CaixaBank y Bankia, que daría lugar al primer banco español por activos y sería la operación de mayor envergadura en el sector en las últimas dos décadas.

A media sesión, las acciones de Bankia se revalorizaban casi un 28 %, hasta los 1,322 euros cada una, mientras que los títulos de CaixaBank, el "comprador", subían en torno al 15 % y alcanzaban los 1,815 euros, seguidas del resto del sector financiero, que también celebraba el inicio de la consolidación bancaria.

Los inversores dan, de esta forma, su aprobación a este proyecto, aún no concretado, que ha suscitado, dada su importancia, todo tipo de reacciones en el sector financiero, sindical, político, y en los consumidores.

PREOCUPACIÓN POR PLANTILLAS Y RECUPERACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS

Desde el ámbito sindical, CCOO -el mayoritario en ambas entidades y en el conjunto del sector- ha manifestado su preocupación por las plantillas de las entidades, que juntas superan los 44.000 empleados y, aunque reconoce que se trata de una operación con "lógica empresarial", reclama un acuerdo laboral.

Para CCOO, la mejor garantía para el buen fin de las inversiones que el Estado realizó en Bankia (unos 24.000 millones) es "su permanencia como accionista en la nueva entidad".

Igualmente, Podemos está en contra de la salida del Estado del capital de Bankia y también tacha de "preocupante" la fusión, al profundizar en la concentración del sector bancario e impactar negativamente en el empleo, y destaca que el tejido productivo español requiere de una banca pública en la que la entidad madrileña puede ser el embrión.

El secretario de Economía y secretario de Estado de Derechos Sociales de la formación morada, Nacho Álvarez, ha recordado que el Estado debe proteger a los contribuyentes que rescataron con sus impuestos la entidad.

En este sentido, el Gobierno dijo anoche, tras el anuncio de las negociaciones, que buscará "la optimización de su capacidad de recuperación" de las ayudas y que el FROB analizaría la operación con completa objetividad desde la perspectiva de generación de valor.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos recordaron que el Ejecutivo siempre ha insistido en que la prioridad es proteger el interés general de los españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país.

Por su parte, el PP ve positiva la fusión, pero su vicepresidenta de Sectorial, Elvira Rodríguez, pide que se haga con transparencia y protegiendo a clientes y trabajadores.

Desde los consumidores, Asufin también ve con preocupación esta operación por lo que implica de concentración bancaria y recuerda que ambas entidades reúnen una alta litigiosidad por la comercialización de sus hipotecas y otros productos financieros con cláusulas que han sido declaradas nulas en los tribunales.

Adicae, por su parte, reclama que la fusión, de acometerse, ha de verse acompañada de avances en los derechos de los consumidores y advierte de que vigilará estrechamente que los servicios contratados por los 13,7 millones de clientes de Caixabank y los más de 8 millones de Bankia no se vean modificados.

También velará por los intereses de los 173.000 pequeños accionistas ahorradores de Bankia y los más de 570.000 de Caixabank, para que sus posiciones sean tenidas en cuenta en el proceso de fusión.

SINERGIAS PARA AFRONTAR LA "NUEVA NORMALIDAD"

Por su parte, los analistas financieros coinciden en que la fusión puede generar fuertes sinergias por su complementariedad, con cierres de sucursales y ajustes de plantilla, que le permitirán reforzar su posición ante la delicada situación generada por el COVID-19.

Según calculan, el Estado, dueño ahora de casi el 62 % de Bankia a través del FROB, reducirá su exposición a la entidad resultante al 14 o al 17 %, lo que facilitaría la venta de su participación.

Por activos, la entidad fusionada controlaría el 23 % del mercado, frente al 15 % del cuota de su máximo competidor, el BBVA.

En préstamos, su cuota sería del 26 % frente al 15 % del Santander, y en depósitos, del 24 %, seis puntos más que la entidad presida por Ana Patricia Botín (18 %), según datos del primer trimestre comparados por Citigroup, que cifra en 700 millones de euros anuales las posibles sinergias.

Entre las dos, sumarán casi 7.000 sucursales, cuando solo hacen falta 3.000 o 4.000 para cubrir el territorio nacional, y una plantilla conjunta de 51.000 personas, frente a los 25.000 o 30.000 trabajadores que serían realmente necesarios, según cálculos de ATL Capital.

Barclays considera, por su parte, que la unión conllevará una superposición de sucursales del 23 % y que, suponiendo que se ajuste plantilla en un 50 % por establecimiento cerrado, los costes de reestructuración podrían superar los 1.000 millones de euros, "con un potencial de ahorro anual de casi 500 millones".

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