El diputado del Ciclo Integral de Agua de la Diputación de Valencia, que participa en Egevasa. DIVALLa anulación de contratos de agua en Canet d'En Berenguer pone en riesgo el presupuesto municipal. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declara nulos los acuerdos de gestión del agua potable y obliga al Consistorio a afrontar indemnizaciones y costes que podrían comprometer seriamente las cuentas públicas. De momento, el Ayuntamiento de Canet de Berenguer guarda silencio tras la contundente sentencia del TSJCV, dictada el 31 de marzo de 2025, que invalida contratos clave para la gestión del agua potable y el alcantarillado. La resolución judicial no solo cuestiona la legalidad de los acuerdos firmados en 2004 y prorrogados en 2009, sino que también abre la puerta a un impacto económico que amenaza la estabilidad presupuestaria del municipio. Sin embargo, según ha podido saber El Periódico de Aquí, el Consistorio ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremio (TS).
Una nulidad de pleno derecho
La Sección Quinta del TSJCV ha declarado nulos de pleno derecho el contrato inicial de 15 de abril de 2004 y su prórroga de 10 de febrero de 2009, al considerar que fueron aprobados sin seguir el procedimiento legal establecido. La sentencia subraya que se vulneró el artículo 47.1.e de la Ley 39/2015, lo que obliga al consistorio a revisar de oficio los contratos en un plazo máximo de tres meses. Además, el fallo condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales y de posibles indemnizaciones derivadas de la irregularidad de los acuerdos. Una toma de decisiones por parte de todos los grupos municipales y concejales de todos los signos políticos y con el patrocinio legal del secretario municipal,
el zorro en el gallinero, José Antonio Sancho Sempere, quien ha ingresado en prisión en varias ocasiones y reconoció el año pasado que estaba al frente del chiringuito jurídico, la Academia Valenciana de Juristas, con el que esquilmaba las arcas municipales de distintos Ayuntamientos, especialmente el propio de Canet d'En Berenguer y el de La Pobla de Farnals, donde se introdujo sobornando a la alcaldesa tránsfuga del PP -con el apoyo del PSOE-, Natividad García.
El coste económico: un golpe al presupuesto
Un informe jurídico-económico, solicitado por la Plataforma de Afectados por las actividades ilícitas de José Antonio Sancho Sempere, detalla el alcance económico de la sentencia (n.º 188/2025). El documento advierte que el cumplimiento del fallo acarreará un fuerte desembolso por diferentes conceptos, desde indemnizaciones a daños y perjuicios hasta costes de revisión contractual.
La suma de estas obligaciones podría tensionar de manera crítica las cuentas municipales, comprometiendo la prestación de servicios públicos y poniendo en evidencia una gestión considerada negligente en varios ejercicios anteriores.
Un silencio institucional
Pese a la magnitud del varapalo judicial, ni el Ayuntamiento ni el alcalde han ofrecido hasta el momento declaraciones públicas. Este perfil bajo contrasta con la alarma generada entre vecinos y colectivos, que exigen transparencia sobre el futuro de un servicio esencial y sobre la situación financiera del consistorio.
A solicitud de la Plataforma
de afectados por las actividades ilícitas y delictivas de José
Antonio Sancho Sempere, se ha elaborado un análisis exhaustivo de la
sentencia, que podría resumirse en los siguientes puntos:
La sentencia revoca una
anterior que había inadmitido la revisión de oficio de dos
contratos: el contrato inicial de 15 de abril de 2004 y la prórroga
de 10 de febrero de 2009. Declara que estos contratos son nulos de
pleno derecho por haberse dictado prescindiendo totalmente del
procedimiento legalmente establecido, contradiciendo lo previsto en
el artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se anula la resolución
adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Canet de Berenguer del 2
de marzo de 2023 y se condena a la administración municipal a
iniciar el procedimiento administrativo de revisión de oficio de
los contratos mencionados en un plazo no mayor a tres meses desde la
notificación de la sentencia.
Se impone al Ayuntamiento de
Canet d'En Berenguer junto con la Empresa General Valenciana del Agua
S.A. (EGEVASA) -una sociedad pública de la Diputación de Valencia con la participación y gestión directa de la antigua Aguas de Valencia- el pago de las costas generadas en el procedimiento,
fijándose una indemnización a favor de Aqlara Ciclo Integral del
Agua S.A. de 2.500 euros más IVA para cada parte procesal.
La sentencia deja sin efecto
la extensión del contrato por 25 años como prórroga indebida y
exige revisar de oficio el contrato sobre la base de la nulidad de
pleno derecho.
Además, se reconoce la
necesidad de acometer determinadas obras de inversión para
garantizar la calidad del agua, valoradas en 5.000.767 euros (IVA no
incluido), incluyendo proyectos para pozos, planta de tratamiento
por ósmosis inversa y mejoras en la red de distribución y las
instalaciones de agua potable.
El informe elaborado a
petición de la Plataforma de afectados por las actividades ilícitas
y delictivas de José Antonio Sancho Sempere es el siguiente:
Cálculo estimado de costes
para el Ayuntamiento de Canet de Berenguer
Concepto
|
Importe (€)
|
Comentarios
|
Iniciación y tramitación
del procedimiento de revisión de oficio
|
Variable
|
Costes administrativos y
jurídicos internos o externos para abrir y tramitar el
procedimiento.
|
Costas procesales
|
3.025
|
2.500 euros + IVA (21%) por
coste procesal impuesto al Ayuntamiento.
|
Obras de inversión para
garantizar la calidad del agua
|
5.000.767
|
Inversión valorada para
ejecución de proyectos de pozos, planta y redes. IVA no
incluido.
|
Posibles indemnizaciones
adicionales
|
Variable
|
No especificadas en la
sentencia; dependerá de costes derivados de incumplimientos
contractuales o indemnización a terceros.
|
Impacto económico por
nulidad de contratos
|
Variable
|
Costes vinculados a la
posible rescisión del contrato, ejecución del nuevo
procedimiento de adjudicación y posibles servicios asociados.
|
Daños y perjuicios
El Ayuntamiento debe asumir
el coste integral que implica la revisión y anulación del contrato
administrativo, lo que incluye el desembolso por obras valoradas en
más de 5 millones de euros, los costes legales asociados y las
costas procesales.
Además, la nulidad del
contrato puede implicar pérdidas vinculadas a la interrupción de
servicios, posibles indemnizaciones por rescisión contractual y la
necesidad de un nuevo proceso administrativo para adjudicar el
servicio de agua potable y alcantarillado.
El Tribunal ha impuesto las
costas procesales al Ayuntamiento, que ascienden a 2.500 euros más
IVA.
Conclusión
La ejecución y cumplimiento
de esta sentencia implicará para el Ayuntamiento de Canet un coste directo inicial mínimo de aproximadamente
5.003.792 euros
(5.000.767 euros de inversión más 3.025 euros de costas
procesales), sin
contar los costes internos y posibles indemnizaciones adicionales.
Este importe puede aumentar en función de gastos asociados al
procedimiento de revisión de oficio, eventuales indemnizaciones y la
gestión del contrato una vez anulado.
Si requiere un desglose más
detallado de costes legales administrativos adicionales o un análisis
de impacto económico indirecto, podría ser necesario disponer de
más datos específicos sobre las condiciones contractuales y el
presupuesto municipal para dicha gestión''.
Este análisis está basado en
la lectura completa y detallada de la sentencia número 188/2025 del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y los
documentos anexos al expediente judicial, a la que ha tenido acceso El Periódico de Aquí y ha venido publicando en exclusiva.
El informe señala que la
anulación obliga al Ayuntamiento a afrontar, de inmediato, el pago
de inversiones necesarias para garantizar la calidad del agua,
estimadas en más de 5 millones de euros (sin IVA), además de las
costas procesales (unos 3.000 euros) y posibles indemnizaciones
adicionales que pueden surgir de la rescisión contractual o de
obligaciones con terceros. El importe mínimo, que el propio
documento califica como solo “inicial”, supera los 5.003.792
euros. Esta cifra podría incrementarse aún más según se
desarrollen los procedimientos de revisión y las eventuales
reclamaciones derivadas de la paralización del servicio y la
obligación de organizar un nuevo procedimiento de
adjudicación.
Múltiples fuentes confirman
la ausencia absoluta de iniciativas públicas por parte del gobierno
municipal. Ni a través de comunicados ni en plenos se
ha abordado públicamente el impacto presupuestario o los plazos para
ejecutar la sentencia, pese a que se han reiterado solicitudes de
información y transparencia tanto por parte de los afectados como de
colectivos ciudadanos y prensa local. La Agencia Valenciana
Antifraude ha señalado este caso reiteradamente como ejemplo de
incumplimiento sistemático de las recomendaciones sobre contratación
y gestión municipal, sumando a Canet a la larga lista de
municipios valencianos bajo vigilancia por irregularidades.
Contexto: Un Modelo de gestión marcado por la opacidad
Este episodio judicial no
surge de la nada. Está directamente vinculado a años de opacidad
administrativa y prácticas cuestionables en la gestión pública
local, cristalizadas en contratos millonarios adjudicados y
prorrogados sin las debidas garantías legales. La sentencia y el
subsiguiente informe jurídico-económico confirman que la inacción
del ayuntamiento ha agravado la situación: no sólo se expone al
pago de indemnizaciones y costes directos, sino también al riesgo de
paralización de servicios básicos y a una posible reacción en
cadena de procedimientos por responsabilidad patrimonial.
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