LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO SE TOCA

Laura Chulià. EPDA

En España todavía funcionamos como Estado de Derecho, es decir, TODOS -tanto las personas como las instituciones- estamos sujetos a leyes públicas, aplicadas por igual y con independencia.

Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno acusando a los jueces de hacer política, amenazan la ya de por sí maltrecha separación de poderes.

Descalificar a los jueces por investigar los casos de corrupción -inclusive si se dan en el seno de ‘la familia’- supone un enorme daño a la credibilidad del conjunto de nuestro sistema democrático y de derecho, toda vez que, pone en riesgo la independencia judicial, acusando implícitamente a los jueces nada menos que de prevaricar.

El sanchismo se cree al margen de la justicia, y que ésta debe estar a las órdenes del Gobierno, por ello, no entienden que haya causas penales abiertas contra la mujer, el hermano o sus secretarios generales. Claro, con este ejemplo no era de extrañar que el separatismo tomara nota y exija su “propio Consejo del Poder Judicial catalán”. ¡Pasen y vean!

En el fondo, al desacreditar a los jueces, los socialistas pretenden imponer un régimen incompatible con la Europa de las libertades, recordando extintos regímenes absolutistas, bajo los dictados de un presidente que considera un riesgo convocar elecciones porque “no tiene la mayoría social” y “no puede paralizar el país” (dixit). Todo ello, después de incumplir reiteradamente el MANDATO constitucional de presentar una propuesta de Presupuestos Generales del Estado.

Los políticos -todos- nos debemos al estado de derecho, debemos ser respetuosos y garantizar su libertad. Por eso no es de recibo que Compromís, en boca de Joan Baldoví, criticara abiertamente la apertura del caso Oltra, señalando que lo acordado por los jueces “no es democrático y demuestra un poso político en contra de la coalición”; o que la sanchista Diana Morant atacara a los jueces por la aplicación de la ley del sí es sí, sin “interpretarla” como pretendía el Gobierno.

Como dijo Montesquieu, “nadie puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen en una sociedad”. Ni siquiera Sánchez, que con estas declaraciones supone un peligro real para nuestra democracia.