Pancarta colgada en el Alto Horno el pasado 7 de mayo. / EPDA La Delegación de Gobierno ha sancionado a los pacifistas que el pasado 7 de mayo colgaron una bandera desde el Alto Horno del Port contra la visita de un barco saudí al puerto, destinado al transporte de armamento desde Estados Unidos y Europa. Una medida que los once sancionados consideran "una nueva ola de represión contra una protesta pacifista". En total, los once ecopacifistas implicados tendrán que pagar 4.400 euros.
El órgano ha fundamentado estas sanciones bajo el pretexto de "ocupación de inmueble", en virtud de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La acción, llevada a cabo por miembros de Marfull-Acció Ecologista Agró y Antimilitaristes-MOC, consistió en desplegar una pancarta gigante en el Alto Horno monumental, anexo al recinto portuario, con el mensaje "STOP Barcos de la muerte". Una manifestación que se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.
Las multas propuestas oscilan alrededor de los 400€, con una sanción adicional de 600€ por desobediencia a uno de los activistas que traspasó el cordón policial para recuperar el trípode de una periodista que cubría la acción.
Esta no es la primera vez que estos colectivos enfrentan represalias. Previamente, el Ayuntamiento de Sagunt había propuesto multas por un total de 2.000€, alegando infracciones graves de las Ordenanzas Municipales. No obstante, estas fueron archivadas, y el grupo de ecopacifistas celebró una victoria parcial.
La "buro-represión" -término que usa la organización pacifista- contra la protesta ciudadana en Sagunt ha persistido durante años, afectando especialmente a Marfull y Antimilitaristes-MOC. En diciembre de 2019, miembros de ambos colectivos se introdujeron en el puerto coincidiendo con la escala de un barco saudí. La Autoridad Portuaria de Valencia denunció la acción, aplicando un reglamento sancionador previo a la Constitución y la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante. Las multas, ya pagadas pero apeladas, ascienden a 3000€ y están pendientes de resolución.
A pesar de estas represalias, Acció Ecologista-Agró y Antimilitaristes-MOC continúan recibiendo apoyo y reconocimiento social. Estas organizaciones, cuyos recursos provienen mayormente de aportaciones personales, hacen un llamamiento a la solidaridad para enfrentar la "Ley Mordaza" y seguir denunciando el comercio de armas. Según sus representantes, la respuesta de las autoridades a la protesta no violenta es "indignante", pero reafirman su disposición a seguir luchando por la paz y denuncian el uso de la desobediencia civil como una herramienta legítima de participación política democrática.
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