Imagen de archivo de Xirivella./EPDAEl Ayuntamiento de Xirivella lleva al próximo pleno la aprobación de la suspensión cautelar de las solicitudes para el cambio de uso de locales a vivienda o vivienda de uso turístico. La medida afectará a las declaraciones responsables que se presenten a partir de la entrada en vigor de la suspensión, que no podrán tramitarse. En cambio, no afectará ni a las licencias ya concedidas ni a otros títulos habilitantes en vigor.
Se trata de una moratoria de un año, prorrogable a otro, hasta que esté aprobada la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Xirivella. Esta revisión permitirá fijar límites en forma de porcentajes por barrios y garantizar que las viviendas resultantes cumplan con condiciones de dignidad, habitabilidad y sostenibilidad.
El equipo de gobierno toma esta decisión en un contexto marcado por el incremento de solicitudes en Xirivella, derivado de que otros municipios del entorno ya han aplicado restricciones similares. La medida busca evitar que todos los bajos acaben en manos de grandes tenedores para la especulación, con viviendas de pequeñas dimensiones destinadas a estancias cortas que, además, puedan influir en el encarecimiento del mercado residencial.
“No queremos que Xirivella se convierta en el foco de una presión urbanística que distorsione el modelo de ciudad que queremos. La vivienda debe dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas, y hacerlo bajo criterios de dignidad, seguridad y equilibrio urbano”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido.
El Ayuntamiento recuerda, además, que tras la reciente dana que afectó al municipio, se abre un momento de reflexión sobre los modelos de vivienda y su integración con el territorio. Por ello, de forma paralela a esta suspensión, el equipo de gobierno trabaja en la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas que den respuesta a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía.
Con esta medida, el gobierno municipal reafirma su compromiso de construir un modelo urbano ordenado, equilibrado y sostenible, que combine la creación de vivienda con el respeto al entorno, la seguridad jurídica y la protección del derecho a una vivienda digna.
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